Hablar de cambio climático es hablar de un fenómeno con consecuencias tangibles en la vida de las personas, comunidades y pueblos, y es también hablar de racismo ambiental y neocolonialismo. Los conocimientos ancestrales de cuidado de la tierra, de las aguas y de la naturaleza, resultan necesarios para transitar hacia un nuevo paradigma jurídico, económico y social. En TerraVida consideramos que esta crisis climática debe ser enfrentada desde el enfoque biocultural y del régimen de derechos humanos y, por ello, presentamos a la Corte Interamericana un amicus curiae, una opinión experta sobre el tema. Nuestros principales propuestas son:
Amplia aplicación de los principios de prevención y pluriculturalidad. Consideramos que para enfrentar la crisis climática estos principios deben ser aplicados amplia y transversalmente a todas las normas e instituciones de los Estados, así mismo se deben incorporar al sistema los valores no occidentales y no económicos para la efectiva gestión y cuidado compartido de la naturaleza y el territorio.
Los ecosistemas y la biodiversidad que habita en ellos, forman parte de territorios ancestrales y paisajes bioculturales que deben ser protegidos ante la emergencia climática; uno de los deberes más importantes y significativos a cargo de los Estados es el de proteger y fomentar las semillas nativas y los sistemas tradicionales de producción de alimentos, lo cual implica la ampliación de los sistemas de acceso a la información y la construcción de nuevos mecanismos para permitir que los pueblos indígenas y comunidades equiparables puedan de manera efectiva participar en los procesos de toma de decisiones.
Enfrentar la crisis climática supone el efectivo acceso a la justicia socioambiental a través de los principios de la autonomía y pluriculturalidad. Las y los jueces, conforme a su obligación de reconocer y garantizar la justicia, deben ir acorde a las transformaciones jurídicas y sociales a través de: i) asegurar legitimación amplia a colectivos defensores del ambiente, ii) exigir judicialmente cumplimiento de obligaciones de prevención y mitigación, iii) capacitación a agentes públicos, y iv) generar mecanismos comunitarios de supervisión, monitoreo y participación activa.
Proteger a las personas y comunidades defensoras del ambiente, la tierra y el territorio es clave debido a que son agentes democráticos que incorporan a las acciones climáticas información y entendimiento de la naturaleza esencial para su protección. Diseñar y poner en marcha medidas que garanticen realizar su labor en un entorno seguro, significa materializar el principio de pensar global, actuando localmente.
Hoy, más que nunca, las comunidades y pueblos indígenas, así como las personas y comunidades defensoras requieren de medidas, prácticas y posturas institucionales que reconozcan y respeten su labor frente a la crisis climática. El trabajo que realiza la Corte Interamericana al respecto será clave para orientar el cumplimiento de obligaciones por parte de los Estados y relevante en el día a día de quienes protegemos la naturaleza. Reconocer y respetar las cosmovisiones, los valores y los saberes tradicionales de los pueblos indígenas y las comunidades campesinas, así como de las colectividades que acompañan sus procesos de defensa, contribuye a construir políticas públicas más sostenibles, inclusivas y justas.
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Necesito saber puedo participar, además de lo que estoy haciendo en lo doméstico.