Comunidades de Sian Ka’an y habitantes mayas de Felipe Carrillo Puerto exigen cancelar “Puerta al Mar” y reparar los daños ambientales
Comunidades de Sian Ka’an y habitantes mayas de Felipe Carrillo Puerto exigen cancelar “Puerta al Mar” y reparar los daños ambientales
Saludan el anuncio de la Semarnat sobre la no realización del desarrollo previsto como turístico en la Reserva, pero advierten que hacen falta garantías jurídicas, restauración ecológica y justicia para las comunidades afectadas.
Ciudad de México. Habitantes de la comunidad pesquera de Punta Allen y habitantes mayas de Felipe Carrillo Puerto, junto con organizaciones de la sociedad civil, saludan el anuncio realizado por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena durante su comparecencia ante las Comisiones Unidas de la Cámara de Diputados, el 6 de octubre de 2026, sobre la no realización del desarrollo previsto en la Reserva de la Biósfera de Sian Ka'an bajo la lógica turística que fue planteada en sus inicios.
Sin embargo, advierten que el anuncio no garantiza la cancelación definitiva de “Puerta al Mar”, proyecto ejecutado por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), ni resuelve los daños ambientales y las afectaciones a los derechos de las comunidades. Por ello, exigen garantías jurídicas vinculantes, la restauración ecológica y una revisión judicial de las demandas presentadas.
Un anuncio sin garantías jurídicas
La Semarnat señaló que se contempla infraestructura mínima para conservación y turismo sustentable en Vigía Chico, pero no precisó qué obras permanecerán ni cuál sería su alcance. Las comunidades sostienen que nunca solicitaron infraestructura turística en esa zona.
“Puerta al Mar” comprende un camino de aproximadamente 54.6 kilómetros entre Felipe Carrillo Puerto y Vigía Chico, de los cuales 32.2 kilómetros atraviesan la Reserva, además de estacionamientos, muelles, locales comerciales, una granja solar, una subestación eléctrica y otras instalaciones para recibir visitantes.
Presentado por las autoridades como parte de una estrategia de desarrollo turístico vinculada al Tren Maya, el proyecto comenzó a ejecutarse en agosto de 2023 sin que, de acuerdo con las comunidades, sus habitantes fueran informados oportunamente sobre la planeación y las posibles afectaciones. Aún más, no se realizó la consulta en materia indígena a la que están obligadas las autoridades. En suma, nunca fueron tomadas en cuenta.
La única reunión pública informativa en materia ambiental se realizó a petición de los habitantes y fue celebrada cuando las obras ya habían comenzado.
Las comunidades mantienen prácticas de pesca sustentable, turismo comunitario y su vida está ligada a la conservación de la naturaleza; asimismo, la Reserva ha sido un lugar de recreación y esparcimiento, con un significado que las liga con sus ancestros. Todo esto les lleva a cuestionar un modelo de desarrollo decidido sin su participación efectiva.
Daños ambientales y afectaciones a las comunidades
Las comunidades denuncian que las obras comenzaron antes de contar con una evaluación ambiental previa. Según la información presentada en sus denuncias, el desmonte ocurrió aproximadamente diez meses antes de la realización de los estudios utilizados para elaborar la Manifestación de Impacto Ambiental.
Entre las afectaciones reportadas se encuentran:
6.34 hectáreas de selva desmontadas.
1,418 metros cuadrados de mangle rojo afectados, lo cual está prohibido por la legislación mexicana.
Posibles alteraciones de corredores biológicos de especies en peligro, entre ellas el jaguar, el tapir y el ocelote.
Alteraciones al sistema de aguas subterráneas y superficiales, extracción de materiales pétreos y atropellamiento de fauna.
Las comunidades también denuncian restricciones de acceso que afectan sus actividades comerciales, necesidades de salud y visitas familiares, así como la falta de evaluación adecuada de los impactos sobre la pesca y sus medios de subsistencia.
Asimismo, señalan que la Semarnat autorizó el proyecto con condicionantes y que se realizaron obras en subzonas de la Reserva donde esas actividades están prohibidas. Exigen que se esclarezcan las posibles irregularidades y se determinen las responsabilidades correspondientes.
El amparo no ha sido revisado de fondo
Las comunidades promovieron el amparo indirecto 632/2026-III-A para impugnar las afectaciones denunciadas. La demanda fue desechada en dos ocasiones por Reyna Fuentes López, Jueza Sexta de Distrito en el Estado de Quintana Roo: el 9 de julio de 2026, por la falta de documentos certificados para acreditar la representación de las cooperativas, cuyo costo estas señalaron no estar en condiciones de cubrir; y el 17 de julio, bajo el argumento de que las personas habitantes no acreditaron interés legítimo.
Contra ambas determinaciones se interpusieron recursos de queja para solicitar que se revisen los desechamientos y se admita la demanda.
Hasta ahora, ningún tribunal ha examinado el fondo de las afectaciones denunciadas. El anuncio de la Semarnat no sustituye esa revisión ni resuelve las controversias sobre la legalidad de las obras.
Las comunidades exigen
La cancelación definitiva de “Puerta al Mar”, con garantías jurídicas de que no será retomado bajo otro nombre o dimensión.
La restauración ecológica del territorio afectado, mediante un programa con participación sustantiva de habitantes de Felipe Carrillo Puerto y de la colonia de pescadores Javier Rojo Gómez.
La protección de los derechos comunitarios, incluidos el libre acceso al territorio, los conocimientos tradicionales vinculados con la pesca y sus medios de subsistencia.
La participación efectiva de las comunidades en la toma de decisiones sobre el territorio que habitan y han cuidado.
El cese de las iniciativas de turismo masivo que dañan la naturaleza y afectan a las personas que cuidan el territorio.
Acceso efectivo a la justicia y protección para las personas defensoras, mediante la revisión de los recursos de queja, el examen judicial de las afectaciones denunciadas y garantías de seguridad para quienes defienden el territorio.
Sian Ka’an es un territorio de enorme importancia ecológica, cultural y comunitaria. Las comunidades que lo han cuidado durante generaciones tienen derecho a ser parte de las decisiones que afectan su territorio.
La conservación de Sian Ka’an debe traducirse en garantías jurídicas, restauración ambiental y justicia para las comunidades.
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