Mujeres e infancias de Morelos logran suspensión definitiva y defienden su territorio frente a la minería
- Territorios Diversos para la Vida
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Mujeres e infancias de la Unidad Habitacional Morelos, en Xochitepec, Morelos, llevaron a tribunales seis concesiones mineras de oro y plata que ponen en riesgo el acceso al agua ya su proyecto de vida comunitario, además de representar racismo ambiental.
Dictámenes oficiales de la SEMARNAT y el INECC concluyeron que el proyecto minero es ambientalmente inviable y representa riesgos a la salud y a la seguridad hídrica, pese a lo cual las concesiones continúan vigentes.
Un juzgado federal ordenó suspender la explotación minera mientras se resuelve el juicio de amparo, en un caso que abre un precedente clave en la defensa del territorio frente al extractivismo.
Ciudad de México 14 de enero de 2026
La Comunidad de la Unidad Habitacional Morelos y colonias adyacentes, a través de la voz organizada de un grupo de mujeres e infancias del municipio de Xochitepec, ha iniciado un proceso de lucha comunitaria y jurídica para defender su territorio frente a un proyecto minero de oro y plata que amenaza gravemente sus derechos humanos al agua, a un medio ambiente sano y a su proyecto de vida, evidenciando además una situación de racismo ambiental.
La Unidad Habitacional Morelos fue fundada en 1985. Sus habitantes la construyeron desde cero mediante trabajo colectivo, creando parques, pozos de agua, escuelas y servicios básicos. A más de 40 años de ese esfuerzo comunitario, este proyecto de vida hoy se encuentra en riesgo debido a la existencia de concesiones mineras dentro de su territorio.
La colectividad, conformada principalmente por mujeres e infancias con respaldo comunitario, busca proteger no solo el acceso a servicios básicos, sino también el uso y disfrute de sus ríos, cerros y áreas verdes que aún se conservan. Un ejemplo emblemático es el Cerro del Jumil, espacio donde se realizan recorridos educativos sobre flora y fauna, observaciones astronómicas, caminatas para la observación de anfibios e insectos, talleres ambientales y actos simbólicos como torneos de resortera o vuelos de papalotes, actividades que fortalecen el tejido social y la identidad comunitaria.
El proyecto minero que amenaza a la comunidad comprende seis concesiones con una extensión aproximada de 2,949.236 hectáreas, las cuales también impactan la zona arqueológica de Xochicalco. A la fecha, ya se han realizado actividades de exploración minera —como estudios geológicos, construcción de socavones y perforaciones— que han generado daños e impactos ambientales en el territorio.
La fase de explotación no se ha llevado a cabo debido a que no se autorizó la Manifestación de Impacto Ambiental. Diversas instancias federales han señalado la inviabilidad del proyecto. En 2023, la SEMARNAT emitió un Dictamen Diagnóstico Socioambiental en el que concluyó que la explotación minera es inviable por los graves impactos ambientales, visuales, humanos y culturales que generaría, además de advertir que no existe suficiente agua para sostener el proyecto sin afectar gravemente la seguridad hídrica local. Ese mismo año, el INECC y la SEMARNAT alertaron que la explotación podría incrementar la presencia de arsénico y cobre en el suelo, representando un riesgo para la salud y la biodiversidad.
A pesar de estos pronunciamientos y de que en 2023 el municipio de Xochitepec se declaró territorio libre de minería, las concesiones continúan vigentes, manteniendo latente el riesgo de que el proyecto avance.
Ante este escenario, el grupo de mujeres e infancias decidió acudir a la vía jurídica e interpuso en 2025 un juicio de amparo para solicitar la cancelación de las concesiones mineras. En el proceso se argumenta que la minería, al ser una industria altamente demandante de agua, profundizará la escasez y afectará la disponibilidad, accesibilidad y calidad del recurso, violando el derecho humano al agua y a una vida digna. Asimismo, se señala que el proyecto de vida, se encuentra en riesgo frente a la devastación socioambiental que genera la minera y finalmente, se sostiene que las concesiones vulneran el derecho a la igualdad y no discriminación, al constituir una forma de racismo ambiental que expone de manera desproporcionada a la comunidad a impactos ambientales y cargas de contaminación.
Actualmente, el juicio se tramita en el Juzgado Segundo de Distrito en Morelos, donde se ha concedido una suspensión definitiva que impide la explotación minera mientras dura el proceso.
Mientras la comunidad busca ampliar la suspensión para frenar también la exploración, la Secretaría de Economía intenta anularla. El caso está ahora en manos del Segundo Tribunal Colegiado de Distrito en Morelos.
Con este proceso, la Comunidad de la Unidad Habitacional Morelos y colonias adyacentes busca que su territorio vuelva a ser libre de minería, lo que beneficiaría no solo a Xochitepec, sino también a municipios vecinos como Miacatlán y Temixco, y al estado de Morelos en su conjunto.
La mina pretende perforar la tierra; la comunidad defiende el lugar donde la vida florece. NO A LA MINA, SÍ A LA VIDA.
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